El Gobierno de Milei avanza con la desregulación de los planes de ahorro para autos 0km
- El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, elaboró un proyecto que eliminaría el control estatal específico sobre los planes de ahorro previo, uno de los sistemas más usados para acceder a un vehículo 0km en la Argentina. La iniciativa deberá pasar por el Congreso y podría reconfigurar por completo el mercado automotor.
El Gobierno nacional avanza con un proyecto de ley que busca eliminar el régimen especial bajo el cual operan actualmente las administradoras de planes de ahorro y dejar los nuevos contratos sujetos a las disposiciones generales del Código Civil y Comercial y la Ley de Defensa del Consumidor. La iniciativa forma parte del proyecto de Ley de Desregulación impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger.
Cómo funcionan hoy los planes de ahorro
Los planes de ahorro constituyen uno de los principales instrumentos de financiación para acceder a un vehículo 0km en la Argentina. El sistema se basa en la conformación de grupos de personas que realizan aportes mensuales destinados a integrar un fondo común, con esos recursos se adquieren las unidades que luego son adjudicadas periódicamente entre los integrantes mediante sorteos o licitaciones, y una vez adjudicado el vehículo, el suscriptor continúa abonando las cuotas previstas hasta completar el plan.
Actualmente, la Inspección General de Justicia (IGJ) es el organismo que autoriza y fiscaliza específicamente estos planes, sus contratos y sus bases técnicas, a través del Departamento Federal del Ahorro. Este organismo comprueba la solvencia de las empresas que ofrecen los planes y controla que cumplan con los compromisos adquiridos con los ahorristas, funcionando como el ente al que puede recurrir un consumidor ante un incumplimiento.
Qué propone el proyecto del Gobierno
El texto del anteproyecto incluye, entre sus puntos centrales, la derogación del decreto 142.277 de 1943, la norma que desde hace más de ocho décadas regula la actividad de las sociedades de capitalización y ahorro. Con esa derogación, la IGJ dejaría de autorizar y fiscalizar específicamente los nuevos planes que se comercialicen a futuro.
Un dato importante para quienes ya tienen un plan vigente: los contratos que estén vigentes al momento de sancionarse la eventual ley conservarían las condiciones generales aprobadas originalmente por la IGJ hasta su vencimiento, rescate o rescisión. Es decir, las nuevas disposiciones solo se aplicarían a los contratos celebrados con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley.
El peso del sistema en el mercado automotor
La magnitud del cambio no es menor: alrededor del 30% de los patentamientos de 0km en el país se concretan mediante esta modalidad, utilizada por la mayoría de las terminales, a lo que se suma el desembarco en los últimos meses de nuevos fabricantes, especialmente de origen chino, con una oferta creciente de vehículos.
Voces del sector, entre advertencias y expectativas
Desde el sector de administradoras de planes de ahorro surgieron críticas a la iniciativa. Una de ellas, consultada por Infobae, sostuvo que si hay fallas en el sistema, lo que corresponde es mejorar su funcionamiento y no eliminar el organismo de control, y agregó que el anteproyecto apunta a destruir completamente el sistema de planes de ahorro, ya que es la legislación la que resguarda el cumplimiento de los contratos entre administradoras y usuarios.
Además, se advirtió que si se deroga la norma vigente, los consumidores quedarían sin las garantías actuales al suscribirse a un plan para adquirir un vehículo, ya sea auto o moto, y quedarían desprotegidos ante eventuales incumplimientos de las empresas.
Desde otro ángulo, el proyecto llega en un momento particular para la industria: coincide con una etapa de recuperación de las ventas de vehículos 0km, una mayor disponibilidad de unidades y el desembarco de nuevas automotrices en el país, especialmente fabricantes de híbridos y eléctricos.
La propuesta deberá ser debatida en el Congreso antes de su eventual entrada en vigencia, por lo que todavía restan definiciones sobre el texto final y los plazos de implementación.
