Escándalo por abuso y grooming en Río Seco: pidió licencia el legislador vinculado al asesor detenido
- El legislador oficialista Ernesto Ramón Flores solicitó licencia en la Unicámara cordobesa tras el avance de la causa que investiga a una red de grooming, abuso sexual y explotación de menores en Villa de María de Río Seco. Entre los detenidos figura José Aníbal Ricardo Villarreal, quien se desempeñaba como asesor de Flores hasta que trascendió su arresto.
La causa se destapó a fines de julio, cuando la desaparición de una adolescente de 14 años en Villa de María del Río Seco derivó en una investigación por grooming, abuso sexual y presunta explotación de menores. La joven había dicho que iba a la casa de una amiga y no regresó; mediante la geolocalización de su celular, la Policía la ubicó días después en la localidad santiagueña de Sumampa, junto a otra adolescente y un hombre mayor, lo que abrió una nueva arista judicial.
El 31 de julio se realizaron los primeros allanamientos en el pueblo del norte cordobés: se secuestraron celulares, registros de GPS y contenido de mensajes e imágenes, y quedaron detenidas siete personas, entre ellas José Aníbal Ricardo Villarreal. La causa quedó a cargo de la fiscal de Instrucción de Deán Funes, Analía Cepede, quien explicó que se trata de hechos de grooming, es decir, contacto con menores con fines sexuales.
La investigación siguió creciendo: el 8 de agosto se sumaron dos detenidos más y aparecieron nuevas presuntas víctimas, y el 14 de agosto se concretaron nuevos allanamientos que elevaron la cifra a once detenidos, además de un prófugo. En total, las imputaciones incluyen grooming, explotación sexual y abuso sexual con acceso carnal, con víctimas de entre 12 y 13 años. Según trascendió, entre las pruebas que analiza la fiscalía aparecen presuntos pagos a cambio de fotos y encuentros sexuales.
El nexo con la Legislatura
Entre los detenidos está José Aníbal Ricardo Villarreal, quien figuraba en la nómina de personal contratado de la Legislatura provincial como asesor del legislador departamental Ernesto Ramón Flores. La fiscal Cepede confirmó además que Villarreal utilizaba lugares que no le correspondían, entre ellos una propiedad del propio Flores, aunque aclaró que no está acreditado que fuera con su autorización ni que el legislador conociera la situación.
Flores, por su parte, sostuvo que solicitó la baja de Villarreal apenas se conoció la detención y explicó que su exasesor cumplía tareas territoriales en el bloque Hacemos Unidos por Córdoba. Sin embargo, la controversia se profundizó cuando trascendió que el registro oficial de contratados de la Unicameral, publicado en mayo, seguía mostrando a Villarreal como parte de su equipo. A esto se sumó, días después, la difusión de un gasto de casi 4 millones de pesos que el legislador le facturó a la Legislatura por un brindis realizado en un hotel de su propiedad.
La presión política y la licencia
El caso escaló rápidamente en la Unicámeral. La bancada de la UCR, referenciada en Rodrigo de Loredo, endureció su embate contra Flores: presentó un proyecto de resolución para pedir su exclusión de la Legislatura, invocando la causal de «indignidad» prevista en la Constitución provincial, a la vez que reclamó informes sobre desde cuándo estaba contratado Villarreal, qué funciones cumplía y si continuaba vinculado al Poder Legislativo.
Ante ese escenario, y luego de que se conociera un antecedente penal de 2021 de Villarreal, Flores presentó este miércoles su pedido de licencia en la banca. La decisión busca bajar la tensión institucional dentro del oficialismo, que había quedado expuesto por el caso, y evitar que el conflicto derive en una discusión de mayor alcance dentro de la Unicámeral.
Como consecuencia directa del escándalo, la Legislatura cordobesa dispuso además que, de ahora en más, los asesores deberán presentar sus antecedentes penales, en momentos en que legisladores de distintos bloques reclaman revisar los mecanismos de control para el ingreso de personal a la Unicámeral.
La causa continúa bajo instrucción de la fiscal Cepede, con los detenidos alojados en la Cárcel de Cruz del Eje, mientras la Justicia no descarta nuevas detenciones.
Ante una situación de violencia o abuso sexual contra las infancias no dudes en llamar y denunciar al 0800-222-1717 o dirigirte a la Unidad Judicial de Delitos Contra la Integridad Sexual, en el Polo de la Mujer, en la ciudad de Córdoba.
La respuesta del gobernador
El gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, se refirió a la causa tras ser abordado por un periodista del Diario Primer Informe: «Es un hecho tremendo y la justicia tiene que investigar como siempre». Además el Llaryora aseguró que “Córdoba garantiza la independencia del Poder Judicial, es un poder independiente y tiene que ir a fondo como va en todos los casos para que se haga justicia”.
