Caso Ludueña: Torres Lima apuntó contra la cúpula de la UCR por «encubrimiento» pero descartó pedir la salida de Ferrero
- El presidente del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba en la Legislatura, Facundo Torres Lima, cuestionó a las autoridades del radicalismo por la demora en apartar a Omar «Manotas» Ludueña, asesor detenido por presunto abuso sexual contra una menor, y habló de «doble vara» e «hipocresía». Sin embargo, fue categórico al descartar que desde el oficialismo se pida el alejamiento de la legisladora Alejandra Ferrero, de quien dependía el empleado.
La detención de Omar Manuel «Manotas» Ludueña, un asesor de la Legislatura provincial acusado de abuso sexual contra una menor de edad, volvió a desatar un encendido contrapunto político en la Unicameral. Tras la medida de la Justicia, el presidente del bloque de Hacemos Unidos por Córdoba, Facundo Torres Lima, apuntó contra la cúpula de la Unión Cívica Radical (UCR) por presunto «encubrimiento» e «hipocresía«, aunque fue tajante respecto a la situación institucional de la legisladora Alejandra Ferrero.
Consultado sobre si el oficialismo pedirá que la presidenta del bloque de la UCR dé un paso al costado, Torres Lima descartó esa posibilidad y explicó la postura de su espacio: sostuvo que, para el peronismo cordobés, la Justicia debe ser la que delimite responsabilidades antes de que la política avance con medidas de ese tipo, y remarcó que actuarán con el mismo criterio que aplicaron en situaciones similares vinculadas al propio oficialismo.
El legislador precisó que, por ahora, el camino elegido es institucional: la semana pasada presentaron un pedido de informes para conocer fechas y reconstruir la cronología del caso.
"MIENTRAS MEABAN AGUA BENDITA POR EL CASO FLORES, TENÍAN A UN ASESOR EN LAS MISMAS CONDICIONES"
— LAVOZcomar (@LAVOZcomar) September 14, 2026
Facundo Torres, presidente del bloque Hacemos Unidos por Córdoba, pasó por #LaVozEnVivo para cruzar a la UCR tras la detención de Omar Ludueña. pic.twitter.com/0MjHDpBtEn
Críticas por «doble vara» y comparación con el caso Villarreal
Pese a descartar un pedido de expulsión contra Ferrero, Torres Lima fue duro con la oposición y contrastó el accionar de la UCR en el caso Ludueña con la postura que adoptó el radicalismo frente a denuncias que en su momento involucraron al propio oficialismo. Habló del malestar que generó en el bloque la que consideró una postura hipócrita y de doble moral por parte de dirigentes, concejales y legisladores radicales que en otro momento los acusaron de encubridores y llegaron a impulsar un juicio político contra la vicegobernadora, en referencia al caso por abusos y grooming de José Villarreal, exasesor del legislador Ramón Flores.
Para el jefe de la bancada peronista, la diferencia de tiempos entre la denuncia judicial y el apartamiento de Ludueña expone una demora por parte de las autoridades del bloque radical: señaló que el pedido de apartamiento de «Manotas» Ludueña se formalizó el 8 de septiembre, mientras que la denuncia era del 17 de agosto, lo que deja una ventana de más de veinte días en la que el asesor siguió trabajando junto a Alejandra Ferrero en el bloque de la UCR con una causa judicial ya en marcha.
En esa línea, recordó la intervención del abogado y dirigente radical Mario Rey, quien habría tomado contacto con la denuncia y con la víctima antes del apartamiento del asesor, y consideró que hubo tiempo más que prudencial para informar la situación a la legisladora a cargo del empleado denunciado.
Las ausencias de Ferrero en el recinto
Torres Lima también puso bajo la lupa las inasistencias de la legisladora Ferrero en dos sesiones clave de la Legislatura —el 26 de agosto y el 2 de septiembre— mientras la causa ya tramitaba en la Justicia, sesiones que calificó como especialmente complicadas para el oficialismo, y en las que Ferrero pidió licencia y no participó, lo que —dijo— genera dudas sobre la situación.
El legislador concluyó que desde Hacemos Unidos por Córdoba marcarán ese doble estándar de «haz lo que yo digo pero no lo que yo hago», aunque insistió en que será la Fiscalía interviniente la que deberá determinar las responsabilidades penales y judiciales de los involucrados.
