Reforma electoral: el oficialismo reactiva el debate en el Senado sin los votos del radicalismo ni el PRO
- La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Agustín Coto, retoma este martes a las 15.30 la discusión sobre el proyecto que elimina las PASO, pone fin al financiamiento estatal de campañas y deroga el debate presidencial obligatorio. Bullrich negocia con los senadores y Santilli con los gobernadores, pero hasta ahora solo cuatro mandatarios provinciales dieron su apoyo explícito.
La discusión sobre la reforma del sistema electoral vuelve a tomar impulso este martes, cuando la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, conducida por el legislador Agustín Coto, retome el tratamiento del proyecto a las 15.30. La reapertura del debate se produjo luego de que los bloques aliados del oficialismo reclamaran avanzar también con las iniciativas vinculadas a la Ficha Limpia, lo que llevó a la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, a convocar nuevamente a las partes.
La iniciativa introduce cambios estructurales en las reglas del juego electoral. Entre los puntos centrales figura la eliminación de las elecciones primarias obligatorias (PASO) tanto para cargos legislativos como para la Presidencia, dejando en manos de cada partido la definición de su propio mecanismo de selección de candidatos. En paralelo, se incorpora formalmente la Ficha Limpia, que inhabilita a postularse a cargos electivos a quienes cuenten con una condena en segunda instancia por delitos dolosos.
El proyecto también modifica de raíz el esquema de financiamiento partidario. Los partidos dejarán de recibir fondos estatales destinados específicamente a las campañas y, como contrapartida, se elevará el límite para los aportes privados, que pasará del 2% al 35%. El único ingreso público remanente será el Fondo Partidario Permanente de carácter anual. A esto se suma un endurecimiento de los requisitos para el reconocimiento de partidos nacionales, que deberán acreditar presencia en al menos 10 distritos y un padrón de afiliados equivalente al 0,1% del padrón electoral nacional. Los candidatos a presidente necesitarán el respaldo del 0,1% del padrón, mientras que quienes aspiren a una banca en el Congreso deberán reunir el aval del 0,5% del padrón de su distrito.
Otro de los cambios más comentados es la derogación de la obligatoriedad del debate presidencial, instancia que se realizó en las elecciones de 2023 y 2029, y que la reforma dejaría sin marco legal. En la misma línea, se eliminaría la publicidad electoral gratuita que hoy reciben los partidos en los medios de comunicación durante las campañas.
Para convertirse en ley, la reforma necesita mayorías agravadas: 37 votos en el Senado y 129 en Diputados, números que el oficialismo todavía no logra reunir. La falta de acompañamiento del radicalismo y del PRO —ambos considerados decisivos para alcanzar el quórum necesario— obliga al Gobierno a desplegar una negociación en dos carriles paralelos: mientras el jefe de Gabinete, Diego Santilli, dialoga con los gobernadores, Bullrich concentra las conversaciones con los bloques del Senado.
Por ahora, el respaldo explícito a la eliminación de las PASO se limita a cuatro mandatarios provinciales: Raúl Jalil (Catamarca), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Rolando Figueroa (Neuquén) y Leandro Zdero (Chaco). Otros cuatro gobernadores, entre ellos Gustavo Sáenz (Salta) y Claudio Vidal (Santa Cruz), todavía no fijaron posición, lo que mantiene abierto el resultado de una negociación que se define voto por voto.
