• Un repaso histórico por el período 2003-2007 expone el masivo pase a planta permanente de unos 4.500 contratados, la detección posterior de agentes con antecedentes penales y el destino de las causas judiciales que marcaron su paso por el Palacio 6 de Julio.

La gestión de Luis Juez como intendente de la ciudad de Córdoba, desarrollada entre 2003 y 2007, continúa siendo un eje de debate recurrente en el escenario político y mediático local. Su administración quedó marcada por una fuerte impronta discursiva enfocada en la transparencia, pero también por decisiones de gran impacto administrativo y financiero para el municipio capitalino, cuyos efectos estructurales resonaron durante las gestiones sucesivas.

Uno de los puntos más críticos y discutidos de su mandato se concentró en el segundo semestre de 2007. Al cierre de su período al frente del Palacio 6 de Julio, Juez firmó una serie de decretos que permitieron el pase a planta permanente de aproximadamente 4.500 empleados contratados. Esta regularización laboral masiva, acordada en un contexto de alta sintonía con el gremio SUOEM, incrementó de forma sustancial el gasto fijo en personal de la comuna, convirtiéndose en el principal argumento de crítica de las administraciones posteriores.

La auditoría de los antecedentes penales y el destino de las denuncias

A la par de los nombramientos, las controversias institucionales por los controles de ingreso sumaron un capítulo complejo. Una auditoría exhaustiva completada en 2009, durante la intendencia de Daniel Giacomino, detectó que 52 agentes habían ingresado en los últimos tramos de la gestión juecista presentando documentación falsa o contando con antecedentes penales y condenas vigentes. Al violar el estatuto municipal, que prohíbe explícitamente incorporar personal con procesos penales abiertos, el hallazgo derivó en un proceso de cesantía y en la exoneración directa de 34 de esos empleados.

Por otra parte, el paso de Luis Juez por la intendencia estuvo acompañado por diversas presentaciones judiciales impulsadas por la oposición de la época. Entre las denuncias más resonantes figuraron los cuestionamientos por el manejo de subsidios nacionales tras la creación de la empresa estatal de transporte TAMSE en 2004, así como sospechas de sobreprecios en contrataciones directas de servicios e insumos mediante cooperativas de bacheo y alumbrado.

A pesar del impacto mediático que tuvieron estas acusaciones en su momento, la gran mayoría de las causas penales presentadas ante los tribunales provinciales terminaron desestimadas o archivadas con el paso de los años por falta de pruebas concluyentes. El actual senador nacional siempre catalogó dichas denuncias como operaciones políticas de sus rivales y de los servicios de inteligencia locales.

Lo cierto es que más allá de su discurso de «honestidad» y «transparencia«, a Luis Juez, hasta el día de hoy lo persiguen distintas situaciones poco claras y teñidas de ilegalidad. Sin ir más lejos el caso más reciente: la imputación por fraude al PAMI del ex diputado Marcos Carasso, una persona muy cercana a Juez.