La ciencia y la memoria restituyen la identidad de ocho desaparecidos y desaparecidas en La Perla

En un trascendental avance en la lucha contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad en Córdoba, la Justicia Federal y el Equipo Argentino de Antropología Forense confirmaron la identificación de ocho víctimas de la dictadura militar cuyos restos fueron recuperados en fosas clandestinas de Loma del Torito. La labor técnica y el análisis genético logran desarticular las maniobras de ocultamiento del terrorismo de Estado y elevan a 38 el número total de identidades restituidas en el predio adyacente al antiguo centro clandestino de detención.

En una jornada cargada de emotividad en la sede de los Tribunales Federales de Córdoba, autoridades judiciales, integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), sobrevivientes y familiares de las víctimas se reunieron para comunicar una nueva certeza en la reconstrucción de la verdad histórica. El titular del Juzgado Federal N° 3, Miguel Hugo Vaca Narvaja, formalizó la restitución de la identidad de ocho personas que permanecían desaparecidas desde 1976. Sus restos habían sido recuperados en el predio conocido como Loma del Torito, un área ubicada dentro de la Guarnición Militar de La Calera y colindante con el antiguo recinto represivo de La Perla.

Con estas nuevas ocho confirmaciones, las intervenciones arqueológicas y los cotejos genéticos desarrollados de manera continua en la zona suman un total de 38 personas identificadas desde que se reactivaron los trabajos de prospección en 2025. El exhaustivo proceso multidisciplinario fue liderado por el EAAF con la asistencia técnica del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba, la Universidad Nacional de Río Cuarto y peritos geólogos.

La «operación silencio» y el fracaso de la impunidad

El hallazgo cobra una dimensión histórica particular al evidenciar las complejas metodologías de ocultamiento ejecutadas por la estructura represiva que operaba bajo el mando del Tercer Cuerpo de Ejército, dirigido por Luciano Benjamín Menéndez. Las investigaciones judiciales determinaron que las víctimas sufrieron ejecuciones y enterramientos clandestinos en operativos individuales a lo largo de 1976. Sin embargo, a comienzos de 1979, las autoridades militares ordenaron una remoción masiva del terreno mediante excavadoras de gran porte y camiones con el objetivo de erradicar los rastros de las fosas ante la inminente inspección de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Pese a la severa fragmentación y dispersión que sufrieron las piezas óseas a raíz de esa maniobra de desmonte, los progresos en la tecnología de extracción y análisis de ADN a partir de mínimos fragmentos permitieron restituir la identidad a las familias, frustrando el intento del régimen militar por perpetuar la desaparición. Del mismo modo, las actuaciones del expediente pusieron en evidencia que el centro clandestino La Perla registraba un funcionamiento activo con anterioridad al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, habiéndose registrado privaciones ilegítimas de la libertad e identificaciones que datan de 1975.

Las ocho historias restituidas

El trabajo científico devuelve la filiación, el nombre y la trayectoria militante y social a ocho personas secuestradas en distintas circunstancias durante 1976:

• Néstor Albino Acosta: Contaba con 21 años al momento de ser capturado en el barrio Talleres Sud en junio de 1976. Obrero en la línea ferroviaria Mitre —al igual que su padre—, cursaba la carrera de Arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba.
• Pascual Delfín Ludueña: Operario de la planta automotriz Fiat Concord, donde ejercía la representación de sus compañeros como delegado sindical. Tenía 29 años cuando las fuerzas represivas lo secuestraron el 24 de marzo de 1976.
• Claudio Norberto Nardini: Obrero de la empresa Sancor de 34 años, con una activa participación en la organización gremial. Fue raptado en abril de 1976 en su vivienda sobre el camino a Monte Cristo; testimonios de sobrevivientes sugieren que habría fallecido durante las sesiones de tortura.
• Cecilia Alicia Pessina Libro de Ávila: Nacida en Río Tercero, tenía 27 años, era psicóloga, docente de piano y perito mercantil. Militante de la Organización Comunista Poder Obrero, fue secuestrada en su domicilio del barrio Alto Alberdi en agosto de 1976 delante de su pequeña hija, apenas un día después de que su esposo fuera asesinado por las fuerzas estatales. El intento de sus padres por localizarla derivó además en la detención ilegal y tortura de su progenitor en la sede policial del D2.
• Mónica Protti de Guillén: Maestra de nivel primario originaria de Río Cuarto y estudiante de Medicina en la Universidad Nacional de Córdoba. Militante del Partido Comunista, fue privada de su libertad en septiembre de 1976 junto a su cónyuge en el barrio Villa Belgrano.
• Mercedes del Valle Ramírez: Estudiante de cuarto año del nivel secundario y trabajadora en un establecimiento comercial del rubro textil. Tenía 21 años al momento de su secuestro en su hogar a comienzos de julio de 1976.
• María Luisa Salto («Mara»): Originaria de Cipolletti, cursaba el tercer año de Medicina en la UNC y militaba en la Juventud Universitaria Peronista. Fue raptada en julio de 1976 y compartió cautiverio en La Perla con sobrevivientes que aportaron testimonios sobre su estancia y destino.
• Juan Carlos Soulier: Electricista y estudiante avanzado de Ingeniería de la Construcción en la UTN Córdoba, de 23 años. Integrante de las Fuerzas Armadas de Liberación 22, fue secuestrado en agosto de 1976 junto a su cónyuge y su hijo de solo cinco meses. Su hijo Sebastián logró ser recuperado por la familia y hoy ejerce la representación legal como querellante en la causa judicial.

Junto a esta nómina se ratificó formalmente la identificación de Alejandro Ernesto Jerez Bodereau, estudiante universitario de Psicología y trabajador industrial secuestrado a los 22 años en mayo de 1976, cuyo reconocimiento biológico se había verificado previamente en agosto.

La búsqueda continúa

Las labores de exploración e investigación en los predios militares continuarán abiertas para intentar precisar la suerte de las entre 2.200 y 2.500 personas que se calcula sufrieron el cautiverio en el circuito represivo de La Perla. Frente a la persistencia de evidencias en la zona, el magistrado y las instituciones de derechos humanos renovaron la convocatoria pública a todos los familiares de personas desaparecidas para que se acerquen a aportar muestras genéticas. La consolidación del banco de datos biológicos resulta indispensable para transformar pequeñísimos fragmentos óseos en nombres propios y verdades históricas irreversibles.