El Senado debate la polémica «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada»: claves del proyecto que facilita la extranjerización de tierras y los desalojos exprés
- Este jueves 16 de julio, la Cámara Alta trata una iniciativa clave impulsada por el oficialismo. La oposición, sectores socioambientales y comunidades originarias denuncian que la norma desregula la compra de campos por parte de capitales extranjeros, elimina plazos de protección ambiental tras incendios forestales y acelera los procesos de desalojo.
El proyecto de «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada» busca consolidar legislativamente la derogación de la Ley 26.737 (Ley de Tierras Rurales), una medida que ya había sido planteada en el DNU 70/23.
Con esta reforma, se eliminan los límites históricos que protegían el territorio nacional de la concentración extranjera:
- Fin al tope del 15%: Se extingue el límite global para la titularidad extranjera de tierras a nivel nacional, provincial y departamental.
- Sin límite por nacionalidad: Ya no regirá la restricción que impedía que una sola nacionalidad acaparara más del 30% del total de tierras extranjerizadas.
- Adiós a las 1.000 hectáreas: En la zona núcleo pampeana, se elimina el tope de compra para un mismo titular extranjero.
- Acceso a fuentes de agua: Se quita la prohibición de adquirir terrenos que limiten con cuerpos de agua permanentes o que contengan recursos hídricos estratégicos.
La nueva normativa delega en los gobernadores provinciales la facultad de fijar o eliminar por completo sus propios límites de tierras, lo que abre las puertas a una negociación directa de los recursos y el suelo con corporaciones multinacionales y estados extranjeros.
Desalojos exprés: trámites sumarísimos sobre el territorio
Otro de los puntos más controvertidos del proyecto es la reforma procesal para los casos de ocupación o litigios de tierras. La ley introduce los «desalojos exprés», transformando estos conflictos en trámites sumarísimos de resolución rápida.
Esta medida amplía significativamente las facultades de la Justicia para ordenar el uso de las fuerzas de seguridad estatales en la ejecución de desalojos. Distintos observadores advierten que este mecanismo impactará de manera directa sobre barrios populares, pequeños productores agropecuarios y comunidades campesinas e indígenas que actualmente sostienen disputas territoriales con privados o con el propio Estado.
Cambios en la Ley de Manejo del Fuego: incentivos a la especulación inmobiliaria
El paquete de reformas también impacta de lleno en la política ambiental del país al proponer modificaciones severas a la Ley de Manejo del Fuego:
- Derogación de la protección de 60 años: Actualmente, las zonas de bosques nativos, implantados o áreas protegidas que sufren incendios no pueden cambiar su uso de suelo (para desarrollos inmobiliarios o agropecuarios) por un período de 60 años. El nuevo proyecto elimina este plazo.
- Fin del plazo de 30 años para pastizales: Se elimina también la restricción de tres décadas que pesaba sobre zonas agrícolas y pastizales quemados.
De aprobarse el cambio, cualquier terreno arrasado por el fuego —sea de manera intencional o accidental— quedará inmediatamente habilitado para la compraventa, loteos, desarrollos hoteleros o explotación agropecuaria intensiva. Esto genera una fuerte alerta en las provincias propensas a incendios forestales debido al riesgo de incendios intencionales con fines puramente especulativos.
El mapa de la extranjerización en números
De acuerdo con datos del Observatorio de Tierras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la extranjerización del suelo en la Argentina ya presenta un escenario de alta concentración:
- 13 millones de hectáreas se encuentran actualmente en manos de capitales extranjeros (equivalente a toda la superficie de la provincia de Santa Fe).
- En departamentos clave de la Patagonia y el Noroeste Argentino (NOA), la propiedad extranjera supera holgadamente el 50% del territorio, ubicándose de manera estratégica sobre cuencas de agua dulce, salares de litio y reservas mineras.
