• El entendimiento contempla una recomposición salarial del 24,33% en dos tramos para docentes y no docentes, una suba en los gastos de funcionamiento y un refuerzo millonario para los hospitales universitarios.

Tras meses de intensas negociaciones, marchas federales y sucesivas medidas de fuerza que paralizaron los claustros, el Gobierno nacional, las autoridades de las universidades públicas y los gremios docentes y no docentes lograron destrabar el conflicto. Las partes firmaron un acuerdo integral que busca llevar previsibilidad y encauzar el complejo escenario de financiamiento que atravesaba el sistema de educación superior en todo el país.

El convenio alcanzado establece una recomposición salarial total del 24,33% para todos los trabajadores del sector, tanto del escalafón docente como del no docente. Según lo pactado, este incremento se implementará de manera escalonada en dos etapas: un primer aumento del 21,33% que impactará durante el mes de junio, y un 3% complementario que se liquidará en octubre. Para evitar que el poder adquisitivo vuelva a quedar rezagado, se fijaron revisiones paritarias con una periodicidad trimestral.

Actualización presupuestaria, fondos para hospitales y becas estratégicas

Más allá de la urgencia salarial, el entendimiento abordó variables clave para la supervivencia de las instituciones. En ese sentido, se definió una actualización del 20% en las partidas destinadas exclusivamente a los gastos de funcionamiento de las casas de altos estudios, un auxilio financiero clave para costear servicios básicos y sostener las actividades académicas, administrativas y los laboratorios de investigación.

Por otra parte, la infraestructura de salud dependiente de las universidades recibió un alivio presupuestario crítico. El Poder Ejecutivo nacional se comprometió a girar un refuerzo extraordinario de $50.000 millones para los hospitales universitarios, una partida que se acoplará a los recursos anuales ordinarios. Asimismo, la agenda estudiantil registró avances significativos con la aprobación de un incremento del 50% en los montos de las Becas Manuel Belgrano, beneficio orientado a retener a los alumnos de carreras consideradas estratégicas para el desarrollo socioproductivo.

La rúbrica del acta definitiva contó con la presencia de los funcionarios del Ministerio de Capital Humano, los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y los secretarios generales de las federaciones gremiales. No obstante, este consenso político-gremial no clausura totalmente el frente de conflicto: la batalla legal por la Ley de Financiamiento Universitario seguirá su curso en la Corte Suprema de Justicia, tribunal que aún debe resolver los recursos presentados por el Estado nacional sobre el fondo de la norma.