UCR impulsa proyecto para frenar la precarización laboral en el Estado cordobés y garantizar el ingreso por concurso
- Una legisladora radical presentó junto a once diputados opositores una iniciativa para regularizar entre 20.000 y 30.000 trabajadores en situación irregular dentro de la planta del Estado provincial, cuestionando el uso de contratos precarios como herramienta de clientelismo político.
La legisladora provincial de la Unión Cívica Radical encabezó la presentación de un proyecto de ley destinado a erradicar la precarización laboral en la administración pública de Córdoba. La iniciativa, firmada por once legisladores opositores, propone garantizar el ingreso al empleo estatal mediante concursos públicos y transparentes, en contraposición a la selección discrecional que, según denunciaron, caracteriza a las gestiones actuales, especialmente en períodos electorales.
Según estimaciones del equipo legislativo, entre 20.000 y 30.000 personas estarían vinculadas al Estado provincial bajo figuras contractuales irregulares: becarios, monotributistas y contratos temporales que encubren relaciones laborales permanentes. Esta modalidad, advirtieron, vulnera el principio constitucional de idoneidad y es especialmente visible en agencias estatales como Córdoba Deportes, Turismo y Joven, donde el mecanismo de transferencias a terceros permite ocultar vínculos laborales fuera del régimen de ingreso público.
Uno de los ejes centrales del proyecto es el impacto previsional de esta situación. Las contrataciones informales y los salarios abonados mediante sumas no remunerativas generan un déficit estructural en la Caja de Jubilaciones provincial, ya que el Estado no realiza aportes sobre esos montos. «La provincia se agarra la cabeza hablando del déficit de la Caja, pero no hace autocrítica sobre cómo desvirtúa el sistema con empleos que no aportan», señaló la legisladora, quien además alertó que esa crisis se utiliza como justificación para profundizar recortes a trabajadores activos y jubilados.
La propuesta fue elaborada en conjunto con referentes y delegados gremiales que manifestaron su malestar ante acuerdos salariales que excluyen a los pasivos y ante la superposición de roles entre personal de planta y contratados. «El Estado termina pagando dos veces por la misma tarea», advirtió la legisladora, describiendo una situación que calificó de indignidad institucional y que, en la práctica, deteriora la calidad del empleo público y los derechos de los trabajadores de carrera.
La suerte del proyecto dependerá de la voluntad de la mayoría oficialista para habilitarlo en comisiones. Si bien la legisladora se mostró cautelosa respecto a su aprobación, subrayó la importancia de instalar el debate en la agenda legislativa. «Esperamos que el oficialismo quiera discutirlo», expresó, al tiempo que remarcó que el objetivo es poner en el centro de la escena una problemática que afecta tanto a la dignidad de los trabajadores como a la sustentabilidad financiera del Estado cordobés.
