Endeudados y solos: el costo humano de un modelo que le paga la fiesta a las empresas y la factura a las familias

• El endeudamiento de los hogares argentinos alcanzó su nivel más alto en dos décadas, con una morosidad que ya supera los peores registros de la pandemia. Mientras el Gobierno sostiene que la pobreza bajó y que endeudarse fue una decisión individual, las políticas oficiales redujeron impuestos y ampliaron créditos blandos para las empresas. ¿Qué pasa con una sociedad que se empobrece mientras el Estado mira para otro lado?

Nota: esto es una columna de opinión. Las cifras citadas están respaldadas por datos oficiales del BCRA y estudios del CEPA; las interpretaciones y conclusiones son de la autoría de la columna.

Los números ya no dejan margen para el relato. Según datos del Banco Central, la morosidad de los hogares en el sistema bancario pasó del 2,5% en octubre de 2024 al 12,3% en mayo de 2026, el registro más alto en más de dos décadas. En las billeteras virtuales y fintech, la mora trepó al 29,6%, superando incluso los picos de la pandemia. De los 20,9 millones de personas endeudadas en el sistema financiero, 5,8 millones ya no pueden pagar. Siete de cada diez familias argentinas arrastran algún tipo de deuda.

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) es contundente en su lectura: este endeudamiento «refleja una insuficiencia de ingresos estructural y no consumos irresponsables». No es que la gente se volvió imprevisora de un día para el otro. Es que, con salarios reales que perdieron entre el 8,7% y el 18,7% de poder adquisitivo desde fines de 2023, según registros oficiales, y con el empleo formal en retroceso, la tarjeta de crédito y el préstamo personal dejaron de ser una herramienta de consumo para convertirse en el mecanismo cotidiano de supervivencia.

La otra cara: alivio fiscal para las empresas

En paralelo a este cuadro, el Gobierno nacional profundizó una agenda de reducción de impuestos y líneas de crédito blando para el sector empresarial. Es una decisión legítima de política económica —bajar la carga tributaria y facilitar el financiamiento productivo son herramientas clásicas para intentar reactivar la inversión— pero conviene preguntarse a quién le llega el alivio y a quién no. Mientras las empresas acceden a condiciones más favorables para desendeudarse o invertir, las familias enfrentan tasas de interés reales elevadas para financiar gastos básicos: comida, medicamentos, el boleto del colectivo.

El presidente sostiene que sacó de la pobreza a miles de personas y que quienes se endeudaron lo hicieron por decisión propia, sin que el Estado deba intervenir. Es una posición coherente con su diagnóstico general: el ajuste fiscal como condición necesaria para ordenar la macroeconomía, y la responsabilidad individual como eje de la política social. El propio Milei advirtió, al asumir en diciembre de 2023, que el ajuste impactaría negativamente sobre el empleo, los salarios reales y el nivel de actividad. En ese sentido, los datos de morosidad de 2026 no lo contradicen: confirman lo que él mismo anticipó.

Lo que queda afuera del relato oficial

Lo que la lectura oficial minimiza es la distribución desigual de ese costo. El «colchón de solidaridad» —los préstamos entre familiares y amigos que durante años funcionaron como red de contención informal, especialmente para mujeres a cargo de tareas de cuidado— se redujo drásticamente en el último año, según releva un informe de la CTA. Cuando esa red se agota y el Estado no ofrece un reemplazo, lo que queda es la deuda formal, con tasas que muchas familias ya no pueden sostener.

Y ahí aparece la pregunta que no tiene una sola respuesta técnica: ¿qué proyección tiene un país donde una porción creciente de la población no llega a fin de mes, donde el empleo registrado retrocedió más de 140 mil puestos en el último año, y donde el Estado define que no es su rol intervenir? La literatura sobre economía política y conflictividad social —y la propia experiencia argentina de crisis pasadas— sugiere que el empobrecimiento sostenido, combinado con la percepción de abandono estatal, tiende a traducirse en mayor conflictividad social, no menor. No es un pronóstico automático ni lineal, pero es un riesgo que distintos economistas y organizaciones sociales vienen señalando.

Dos modelos, una misma pregunta

Quienes respaldan el rumbo económico oficial argumentan que sin equilibrio fiscal no hay estabilidad posible, y que la inversión privada —incentivada con menor carga impositiva y crédito accesible— es, a mediano plazo, la vía para generar el empleo que hoy falta. Es una hipótesis económica válida y forma parte del debate legítimo sobre qué modelo saca a un país de la crisis. La otra mirada, la que sostienen buena parte de los economistas heterodoxos y organizaciones sociales, plantea que sin ingresos que acompañen el ajuste, la reactivación empresarial no alcanza para revertir el deterioro social, y que la brecha entre quienes reciben alivio fiscal y quienes se hunden en la mora seguirá ampliándose.

Ninguna de las dos posiciones es una certeza. Pero mientras se dirime ese debate en los despachos, la mora sigue subiendo, y son las familias las que sostienen, mes a mes, la cuenta.