• El senador, el diputado radical y el referente libertario anunciaron un frente unificado para disputar Córdoba. Sin embargo, el pacto político queda bajo fuego cruzado debido a graves escándalos que involucran estafas al PAMI, créditos millonarios del Banco Nación y desvíos de fondos en ARSAT.

El escenario político de Córdoba se sacudió con el anuncio de una alianza de cara a las elecciones provinciales de 2027. El senador nacional Luis Juez, el diputado nacional Rodrigo de Loredo y el diputado libertario Gabriel Bornoroni confirmaron que trabajan de manera conjunta para construir una alternativa electoral que intente poner fin al ciclo del peronismo cordobés. Bajo la premisa de que «el candidato será el que mejor esté en las encuestas», los tres dirigentes formalizaron un frente que, no obstante, nace severamente condicionado por el peso de sus propios prontuarios judiciales y mediáticos.

Detrás de las sonrisas de unidad, la alianza opositora enfrenta el desafío de sostener un discurso de transparencia y combate a los privilegios. Luis Juez, quien busca liderar el espacio, se encuentra en el centro de las miradas tras el escándalo que salpica directamente a su socio político, Marcos Carasso, señalado por una estafa millonaria de 1.400 millones de pesos al PAMI. Además pesa la compra de una mansión en un lujoso country de Córdoba, Juez nunca aclaró de donde salieron los fondos para su construcción. Esta situación erosionó la histórica bandera anticorrupción que el líder del Frente Cívico ha enarbolado durante décadas en la provincia.

Por su parte, el referente de La Libertad Avanza en Córdoba, Gabriel Bornoroni, enfrenta duras críticas que dinamitan el relato libertario contra «la casta». Al empresario de estaciones de servicio se lo vincula directamente con el otorgamiento discrecional de créditos del Banco Nación por más de 160 millones de pesos en julio de 2025. A esto se le suma la polémica por su socio en un estudio jurídico, Carlos Andrés Bauza (titular de ANSES Córdoba), con quien gestiona la delegación local del PAMI, organismo que hoy atraviesa una crisis estructural en la provincia y que está copado por nombramientos de su entorno íntimo. Ante las denuncias de favoritismo y doble estándar, Bornoroni ha optado por el silencio absoluto.

Contrataciones directas en ARSAT y el uso de Inteligencia Artificial

Rodrigo de Loredo completa el tridente opositor aportando el frente judicial más complejo en términos legales. La Oficina Anticorrupción denunció formalmente al diputado radical junto al exministro Oscar Aguad por irregularidades detectadas durante su gestión al frente de la empresa estatal ARSAT. La acusación detalla más de 357 contrataciones directas a empresas vinculadas al macrismo, lo que habría generado un perjuicio estimado en 38 millones de dólares a las arcas públicas, además de una denuncia previa por desviar 1.500.000 pesos de la firma estatal para su campaña política en 2017.

El historial reciente del dirigente de la UCR también incluye la fuerte polémica desatada en junio de 2025, cuando difundió un video alterado con Inteligencia Artificial que simulaba un discurso del gobernador Martín Llaryora. El hecho fue catalogado por el oficialismo provincial como un «delito en flagrancia» e injuria, profundizando la judicialización de los métodos de campaña del espacio. Con este trasfondo de sospechas mutuas, imputaciones y deudas explicativas ante la sociedad, la denominada «alternativa» para Córdoba arranca su carrera hacia 2027 sumergida en un lodazal ético.