Argentina cierra 25 años de litigios: el Congreso aprobó el pago de USD 171 millones a los últimos fondos buitre
- El Senado y Diputados dieron luz verde al acuerdo con Bainbridge y Attestor, los dos únicos holdouts que nunca ingresaron a los canjes de deuda. Con una quita del 30% negociada ante la justicia de Nueva York
El Congreso argentino aprobó el proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei para cancelar las deudas con los fondos de inversión Bainbridge Ltd. y Attestor Value Master Fund LP, los últimos acreedores que desde el default de 2001 mantuvieron litigios activos contra el Estado en tribunales de los Estados Unidos. El monto total del acuerdo asciende a USD 171 millones: USD 67 millones corresponden a Bainbridge y USD 104 millones al grupo encabezado por Attestor, con una quita negociada de más del 30% sobre los montos originalmente reclamados.
La iniciativa recibió media sanción en el Senado con 40 votos a favor y 22 en contra, y posteriormente fue aprobada en la Cámara de Diputados, en ambos casos con la oposición del bloque peronista. El acuerdo, homologado por la jueza federal de Nueva York Loretta Preska, establecía como fecha límite el 30 de junio de 2026, lo que impuso un ritmo acelerado al tratamiento parlamentario. El mecanismo de pago adoptado es el formato internacional de Entrega contra Pago (DVP), por el cual los fondos se liberan en simultáneo con la cancelación de los bonos.
Lo que Argentina gana con el acuerdo
El impacto más inmediato del acuerdo es el levantamiento de medidas cautelares y embargos que pesaban sobre activos estratégicos del Estado argentino: acciones del Banco Nación, de Aerolíneas Argentinas y, de manera especialmente relevante, de YPF. El entendimiento contempla además la devolución de acciones de clases A, B y D de la petrolera estatal que estaban en manos de los acreedores, lo que despeja el horizonte legal de la empresa ante posibles futuros conflictos. Ambos fondos se comprometen a no iniciar nuevas acciones legales ni interferir en operaciones de financiamiento del país.
Para el oficialismo, el acuerdo representa la reinserción de Argentina en el circuito financiero internacional al cerrar uno de los últimos capítulos abiertos del colapso de 2001. «Honrar la deuda es también una restauración moral», sostuvo el senador Agustín Monteverde durante el debate. Patricia Bullrich, por su parte, afirmó que la medida «cierra una herida de 25 años».
Las críticas de la oposición
El peronismo votó en contra con argumentos de fondo: el senador Jorge Capitanich cuestionó que el acuerdo «premia la conducta especulativa de los fondos buitre» y advirtió que la quita del 30% no es verificable porque el Congreso nunca accedió a información sobre cuánto pagaron originalmente esos fondos por los títulos en default. En la misma línea, el diputado Itai Hagman (Unión por la Patria) denunció que el entendimiento es «un paso más en un procedimiento cuyo único objetivo es volver a endeudar al país», mientras que el jefe del bloque Germán Martínez reprochó que el Gobierno no haya informado el valor original de los bonos en disputa.
La contradicción política que enfrenta el Gobierno es evidente: un año electoral, un discurso oficial de austeridad y ajuste, y al mismo tiempo la salida de USD 171 millones hacia fondos especulativos de inversión con sede en el exterior.
