Córdoba volvería a quedar bajo la lupa por presuntas irregularidades en la investigación contra Generación Zoe
Por Matías Brodbeck
La investigación penal en torno a Generación Zoe y a su fundador, Leonardo Cositorto, podría sumar un nuevo capítulo de controversia luego de que la defensa expusiera una serie de presuntas irregularidades que, a su entender, pondrían en duda el desarrollo de la causa instruida en los tribunales de Villa María, Córdoba.
Según surge de las presentaciones realizadas por los abogados defensores, el expediente contendría elementos que podrían contradecir la hipótesis inicial del denominado «megafraude» y abrirían interrogantes sobre la forma en que se habría construido la acusación.
Uno de los puntos señalados sería que Generación Zoe habría operado bajo la figura de un Fideicomiso de Administración, Educación y Capitalización, registrado ante la Inspección General de Justicia (IGJ), mientras que las obligaciones económicas que habrían dado origen a la investigación en Córdoba corresponderían, según esa interpretación, a una sociedad distinta identificada como AL COACHES SAS.
La defensa también sostiene que la Comisión Nacional de Valores (CNV) habría concluido, tras una auditoría, que no existirían infracciones a la normativa financiera por parte de los directivos del grupo, circunstancia que —siempre según esa postura— resultaría incompatible con la hipótesis acusatoria sostenida durante la instrucción.
Otro de los aspectos cuestionados se vincularía con la producción de pruebas testimoniales. De acuerdo con la presentación judicial, existirían actas incorporadas al expediente que podrían indicar que una estudiante habría sido advertida sobre una eventual imputación penal si no formalizaba una denuncia. Esa versión forma parte de los planteos de la defensa y no ha sido validada judicialmente.Asimismo, los abogados sostienen que el origen mismo de la causa presentaría inconsistencias. En ese sentido, afirman que la supuesta denuncia anónima mencionada públicamente en distintas oportunidades no contaría con registros técnicos u oficiales dentro del expediente, lo que, a su criterio, justificaría profundizar el análisis sobre cómo se inició la investigación.
En materia patrimonial, la defensa argumenta que el conflicto económico inicial ascendería a unos 169 mil dólares, suma que, según aseguran, Leonardo Cositorto habría ofrecido cancelar en su totalidad durante las primeras etapas del proceso. Siempre de acuerdo con esa versión, la propuesta no habría prosperado y la intervención judicial habría derivado en la paralización de un conglomerado empresario cuyos activos habrían sido estimados en aproximadamente 200 millones de dólares.
Entre esos activos, la defensa menciona la incautación de dinero en efectivo, vehículos y cuentas que contendrían 611 bitcoins, bienes cuyo destino continúa formando parte del debate judicial.
Otro de los cuestionamientos apunta a la utilización de la figura de asociación ilícita. Según la estrategia defensiva, la acusación no precisaría con claridad cuándo se habría conformado la supuesta organización, cuáles habrían sido los roles concretos de sus integrantes ni cómo se habría materializado el presunto acuerdo delictivo, circunstancias que, entienden, debilitarían la consistencia de esa imputación.
Mientras el proceso judicial continúa su curso y las distintas instancias revisan las decisiones adoptadas durante la investigación, la defensa insiste en que Leonardo Cositorto mantiene incólume su estado de inocencia, principio que lo ampara hasta la existencia de una condena firme, y sostiene que varias de las medidas adoptadas durante la instrucción deberían ser objeto de un nuevo análisis por parte de la Justicia.
