Chaco: el gobierno de Zdero (UCR-JxC) incuple con un acuerdo judicial y deja morir a un joven de 16 años
- Dalmiro Segovia tiene 16 años y atraviesa una enfermedad grave que requiere controles médicos permanentes en Buenos Aires. Pese a contar con un acuerdo conciliatorio homologado por la Justicia que obliga al Estado chaqueño a cubrir su tratamiento y sus traslados, la familia denuncia hoy el abandono total por parte de las autoridades provinciales.
La familia de Dalmiro Segovia, un joven de 16 años que enfrenta una enfermedad grave, denunció públicamente que el Gobierno de Chaco dejó de cumplir con un acuerdo homologado por la Justicia que garantizaba el financiamiento de su tratamiento médico y de los traslados que necesita para atenderse en Buenos Aires. Según relatan sus allegados, el incumplimiento pone en serio riesgo la continuidad de los controles que el adolescente requiere de manera constante.
El acuerdo conciliatorio, homologado judicialmente, establecía la obligación del Estado provincial de costear tanto el tratamiento como los desplazamientos del joven hacia los centros de salud donde recibe atención especializada. Sin embargo, la familia asegura que esa obligación dejó de cumplirse, lo que los obligó a hacer pública la situación ante la falta de respuestas de las autoridades.
El caso pone en el centro de la escena la gestión del gobernador Leandro Zdero, dirigente históricamente vinculado a la UCR que llegó al poder provincial de la mano de la coalición Juntos por el Cambio, poniendo fin a 16 años consecutivos de gobiernos del Partido Justicialista en Chaco. La denuncia de la familia de Dalmiro se suma a otros reclamos que en los últimos meses cuestionaron al Ejecutivo provincial por demoras y recortes en la cobertura de tratamientos médicos de alta complejidad, un área sensible que suele quedar expuesta cuando se producen ajustes o reordenamientos presupuestarios.
Leandro Zdero Gobernador de Chaco (UCR-JxC)
Organizaciones y allegados a la familia remarcan que se trata de una obligación que no depende de la voluntad política de turno, sino de una resolución judicial firme, por lo que su incumplimiento podría derivar en nuevas presentaciones ante la Justicia para exigir su cumplimiento inmediato. Por el momento, no trascendió una respuesta oficial del Gobierno chaqueño ante la denuncia de la familia.
