El Gobierno enviará al Congreso un segundo proyecto de «Régimen de Inocencia Fiscal»
- Caputo y María Ibarzabal Murphy presentaron los ejes de la nueva iniciativa, que busca incorporar al sistema financiero unos 170 mil millones de dólares que hoy están fuera del circuito formal. El proyecto llega tras el impacto político del caso Adorni y ajusta los topes de ingresos y patrimonio para incentivar la adhesión.
En un intento por reactivar el ingreso de divisas y brindar lo que denominan «seguridad jurídica», el Gobierno nacional anunció que este jueves remitirá al Congreso de la Nación un segundo proyecto de ley bajo el nombre de Régimen de Inocencia Fiscal. La iniciativa surge tras el impacto político generado por el escándalo que involucró al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, situación que obligó a la administración central a ajustar los términos de la normativa para incentivar la adhesión de los contribuyentes.
El anuncio formal fue realizado este miércoles por el ministro de Economía, Luis Caputo, y la secretaria María Ibarzabal Murphy, durante una conferencia de prensa en la que se detallaron los ejes de la nueva propuesta. Según explicaron los funcionarios, la meta del Ejecutivo es que unos 170 mil millones de dólares que actualmente se encuentran fuera del circuito formal —popularmente conocidos como «dinero en el colchón»— se incorporen al sistema financiero.
Durante la presentación, Caputo remarcó la necesidad de movilizar los activos privados hacia la inversión, y sostuvo que ese ahorro existe pero permanece por fuera del sistema financiero. El funcionario planteó como objetivo que esos capitales se vuelquen al circuito formal para impulsar el crecimiento del país, y vinculó además el éxito de la medida con una futura baja de impuestos: a mayores ingresos fiscales sin aumento del gasto, explicó, se genera mayor superávit, lo que permitiría reducir la presión tributaria más rápidamente.
Cambios en los topes y «seguridad jurídica»
A diferencia de la normativa vigente, este segundo proyecto introduce modificaciones específicas en los topes de ingresos y de patrimonio, buscando flexibilizar las condiciones para quienes opten por regularizar su situación fiscal. A pesar de estos ajustes técnicos, desde el Ministerio de Economía insistieron en que el «espíritu original» de la ley sancionada previamente por el Parlamento se mantiene inalterado.
El Gobierno fundamenta la necesidad de esta nueva ley en la búsqueda de brindar mayor seguridad jurídica, una premisa que se vuelve central en el discurso oficial para contrarrestar la desconfianza de los contribuyentes, en un contexto donde las internas y los ruidos políticos han dificultado la implementación efectiva de los regímenes de regularización de activos planteados desde el inicio de la gestión.
La llegada del proyecto al recinto este jueves marcará una nueva etapa en la relación del Ejecutivo con el Poder Legislativo, donde el oficialismo deberá negociar los apoyos necesarios para una medida que apunta directamente a la base monetaria y la estabilidad financiera del país en el corto plazo.
