Entró en vigencia el nuevo Régimen Penal Juvenil: la imputabilidad baja de 16 a 14 años
- Desde hoy rige en todo el país la Ley 27.801, que establece un nuevo sistema de responsabilidad penal para adolescentes.
Desde este sábado comenzó a regir en la Argentina el nuevo Régimen Penal Juvenil, establecido por la Ley 27.801, que reduce de 16 a 14 años la edad mínima para ser investigado y juzgado penalmente. La norma, promulgada en marzo mediante el Decreto 138/2026, entra en vigencia recién ahora tras el plazo de 180 días previsto en su propio texto, y reemplaza al régimen que estaba vigente desde 1980.
El nuevo esquema habilita que adolescentes de 14 y 15 años puedan ser procesados en casos de delitos graves, como homicidios, robos con violencia, abusos sexuales y secuestros. Sin embargo, la ley establece un tratamiento diferenciado según la edad: las penas para los jóvenes de 14 años se reducen a la mitad respecto de la escala prevista para adultos, mientras que para los de 15 años la reducción es de un tercio. Además, fija un máximo de 15 años de encierro y prohíbe de manera expresa la aplicación de la prisión perpetua a menores.
Uno de los ejes centrales de la reforma es que la privación de la libertad debe utilizarse como último recurso. Para delitos menores o situaciones específicas, los jueces podrán aplicar medidas alternativas como tareas comunitarias, amonestaciones, reglas de conducta o monitoreo electrónico. La norma también dispone que los adolescentes imputados no puedan alojarse en los mismos establecimientos que los adultos y exige la especialización obligatoria de jueces, fiscales y defensores en materia penal juvenil.
El proyecto había sido impulsado originalmente por el oficialismo con una propuesta más estricta, que planteaba bajar la imputabilidad a los 13 años. Tras las negociaciones parlamentarias con bloques como el PRO y la UCR, el límite se fijó finalmente en 14 años. La iniciativa obtuvo media sanción en Diputados y fue aprobada en el Senado por 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención.
A nivel provincial, distintas jurisdicciones ya comenzaron a adaptar sus sistemas procesales para aplicar el nuevo régimen nacional. En Córdoba, según consignó La Voz, la provincia trabaja en ajustar su normativa local a las exigencias de la nueva ley, en momentos en que también se debate cómo garantizar que la reforma no agrave la situación de vulnerabilidad de los adolescentes involucrados en causas penales.
