Judiciales de Córdoba aceptaron la oferta salarial y ponen fin a seis meses de conflicto con el TSJ
- La Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ) aprobó la propuesta de recomposición salarial presentada por el Tribunal Superior de Justicia y el Gobierno provincial. El acuerdo adelanta cuotas de equiparación con la Justicia federal, reduce aportes a la Caja y contempla el no descuento de los días de paro.
Los trabajadores judiciales de Córdoba aceptaron la oferta salarial realizada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ)en conjunto con el Gobierno provincial, dando fin a un conflicto que se extendió por seis meses. La decisión fue ratificada por la Asociación Gremial de Empleados del Poder Judicial (AGEPJ), tras un extenso proceso de asambleas y negociaciones.
Adelanto de cuotas de equiparación con la Justicia federal
La propuesta que los judiciales votaron incluye los incrementos que originalmente estaban previstos para julio de 2027 y julio de 2028 como tramos de equiparación con la Justicia federal. Ahora, esos aumentos se adelantarán a septiembre y diciembre de 2026 para las categorías más bajas del escalafón.
En el caso puntual de los cargos de escribiente y auxiliar ayudante, las cuotas correspondientes se adelantan directamente al sueldo de septiembre.
Permanencia, adicional no remunerativo y baja de aportes
El acuerdo también contempla el pago del 50% del concepto «permanencia» para todas las categorías, junto con un adicional del 1,9% no remunerativo.
A esto se suma la reducción de la alícuota máxima de aportes a la Caja, que bajará del 8% al 6%. La medida se oficializará en las próximas horas y se aplicará en dos tramos, uno en septiembre y otro en octubre. Este cambio tendrá un impacto final del 2,8% en el recibo de sueldos y beneficiará a unos 1.400 empleados, además de la totalidad de magistrados y funcionarios del Poder Judicial.
Sin descuento por los días de paro
Uno de los puntos clave que permitió destrabar el conflicto fue la decisión del TSJ de no descontar los más de 20 días de paro que aún quedaban pendientes de aplicar. El conflicto había llegado a su punto más álgido a fines de julio, cuando se aplicaron quitas de entre $200.000 y $450.000 por cinco jornadas de paro, una medida que motivó la intervención de la Secretaría de Trabajo a través de una conciliación obligatoria.
