La Legislatura de Córdoba aprobó la creación de 24 nuevos órganos judiciales
- La Unicameral dio media sanción al proyecto que amplía la estructura de tribunales y defensorías públicas en la Capital y en distintas localidades del interior. La oposición cuestionó la medida en medio de la crisis con los empleados judiciales.
La Legislatura de Córdoba aprobó este miércoles el proyecto de ley que dispone la creación de 24 nuevos órganos jurisdiccionales y refuerza la asistencia del Ministerio Público de la Defensa en distintos puntos de la provincia.
Al fundamentar la iniciativa, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Bernardo Knipscheer, sostuvo que la organización del sistema judicial debe acompañar los cambios que atraviesa la sociedad.
Según el texto aprobado, en la ciudad de Córdoba se pondrán en funcionamiento diez Defensorías Públicas Penales, cuatro Juzgados de Control y Faltas, dos Defensorías especializadas en Niñez, Violencia Familiar y de Género, un Juzgado de Ejecución Penal y una Defensoría Civil y Comercial. A esto se suma la transformación de la actual Defensoría del Trabajo del Tercer Turno, que pasará a convertirse en una nueva Defensoría Civil y Comercial dentro de la capital provincial.
La ampliación también alcanza a distintas jurisdicciones del interior provincial. En Villa Carlos Paz se crearán un Juzgado de Control, Niñez, Violencia Familiar y Faltas; un Juzgado Civil, Comercial, Conciliación y Familia; y una Defensoría con Funciones Múltiples. En San Francisco, en tanto, se conformarán un Juzgado de Control y Faltas y una Defensoría Pública con Funciones Múltiples.
Además, se instalarán nuevas Defensorías Públicas con Funciones Múltiples en las localidades de Río Cuarto, Bell Ville, Villa Dolores, Cruz del Eje y Villa María.
La sanción del proyecto no estuvo exenta de polémica. Desde los bloques opositores se cuestionó el momento elegido para impulsar la reforma, en medio de la parálisis que atraviesa el Poder Judicial por el conflicto entre el Tribunal Superior de Justicia y el gremio de empleados judiciales. También se plantearon reparos vinculados a la falta de estadísticas que respalden la necesidad de los nuevos cargos y al impacto que la medida tendrá sobre el gasto presupuestario provincial.
