• El bloque oficialista presentó pedidos de informes al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo para esclarecer la situación del expresidente de la UCR. Se investiga una presunta sobrefacturación de 1.450 millones de pesos vinculada a una clínica de su esposa y se exigen detalles sobre sus funciones actuales en el Tribunal de Cuentas.

El escándalo que envuelve al dirigente radical Marcos Carasso suma un nuevo capítulo de tensión en la política de Córdoba. Desde la Legislatura provincial, el bloque oficialista elevó dos pedidos de informes con el objetivo de transparentar la situación judicial y laboral del ex candidato a vicegobernador en la fórmula compartida con Luis Juez. Carasso se encuentra imputado en una causa penal por presunta defraudación al PAMI, originada por supuestas inconsistencias en las facturaciones de una clínica del interior provincial, propiedad de su esposa.

Según detalló el legislador Leonardo Limia en declaraciones radiales, la suma cuestionada por sobrefacturación ascendería a los 1.450 millones de pesos, un monto que rondaría el millón de dólares al cambio actual. Ante la gravedad del hecho —que afecta directamente a los fondos destinados a las prestaciones de los jubilados—, los parlamentarios exigen que la Justicia brinde detalles precisos e inmediatos sobre el estado y avance de la causa.

Dudas sobre su cargo y funciones en el Tribunal de Cuentas

Además del frente judicial, el caso destapó fuertes interrogantes sobre el rol de Carasso como empleado en el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, el órgano de control de las arcas públicas que actualmente es conducido por la oposición (Frente Cívico y UCR). Los recientes allanamientos ordenados por la Justicia incluyeron el secuestro de la computadora de Carasso en las instalaciones de dicho organismo, lo que motivó un segundo pedido de informes, esta vez dirigido al Poder Ejecutivo.

El objetivo de esta solicitud es esclarecer la «situación de revista» del dirigente, la categoría que ocupa, su salario y si cumple efectivamente con sus horarios laborales. «Es importante que la gente que trabaja ahí sepa bien esa función y que no lo usen como una herramienta política«, señaló el legislador.

Asimismo, desde el bloque descartaron que la medida se trate de una represalia por críticas previas de la oposición, argumentando que es el deber del Poder Legislativo controlar el destino del presupuesto estatal. «La plata sale del Estado. Esperamos que la oposición acompañe este pedido porque es importante para que la gente tenga la información clara», concluyeron, poniendo la presión sobre las bancadas del juecismo y el radicalismo.