Ley de discapacidad: el sector pide que se sancione, pero advierte que “no haya más trampas” en su cumplimiento
- A horas de la votación en el Senado que definiría la nueva ley de fortalecimiento del sistema de discapacidad, Martín Passini, de la Mesa de Discapacidad y Derechos Humanos de Córdoba, dijo que las organizaciones necesitan la norma, pero desconfían de la voluntad del Gobierno nacional de cumplirla.
El Senado tratara hoy la sanción que se espera definitiva de la nueva ley de fortalecimiento del sistema de discapacidad, que reemplazaría a la Ley de Emergencia, vigente hasta el 31 de diciembre. En diálogo con Radio 10 Córdoba, Martín Passini, integrante de la Mesa de Discapacidad y Derechos Humanos y trabajador de Apadín, explicó cómo llega el sector a esta instancia.
Una ley permanente, sin declaración de emergencia
Pazzini recordó que la Ley de Emergencia fue votada por el Congreso, vetada por el presidente, votada de nuevo y finalmente promulgada y reglamentada por orden de la Justicia. Según dijo, el Gobierno “se dedicó a incumplirla, salvo algunos artículos muy puntuales”.
La nueva norma, impulsada por el oficialismo, pasa de transitoria a permanente. Según el referente, el proyecto original tenía retrocesos, pero las organizaciones y parte de la oposición lograron incidir en el texto. Mantiene gran parte de lo previsto en la ley de emergencia, salvo la declaración misma de la emergencia. Para Passini, eso “no es menor y no es una cuestión semántica, sino que implica mayor exigibilidad al gobierno de cumplimiento”.
Entre las dudas que subsisten mencionó el presupuesto. El proyecto establece que el monto anual no puede ser menor al del año anterior, pero no fija un piso para el primer año. “Cuando sea sancionado tenemos que ver cuál es el punto de partida”, señaló. Sobre la compensación a los prestadores por el desfasaje de los aranceles, indicó que está prevista en la ley, pero no se pagó.
“Lo que queremos es que ahora salga esta ley, que la promulguen, porque necesitamos un marco jurídico que nos permita seguir exigiendo el cumplimiento de estas medidas”, afirmó.
Pensiones: suspensiones y cuestionamientos a las auditorías
En paralelo al debate legislativo, el Gobierno anunció la suspensión de más de 20.000 pensiones, a las que se sumaron unas 5.000 más. Passini explicó que el año pasado las auditorías se hicieron con cartas documento enviadas a domicilios donde las personas no vivían. Eso se judicializó: un juzgado federal de Catamarca ordenó restituir las pensiones, pero la Cámara de Tucumán le dio la razón al Gobierno en segunda instancia. Falta todavía que se pronuncie la Corte Suprema.
Pazzini aportó el relevamiento de su institución. “En Apadín 74 personas tienen pensión. De las que estaban convocadas a hacer la auditoría, solo el 20% lo había recibido conforme viene el tiempo y forma”, detalló.
El referente aclaró que el sector no rechaza los controles: “Nadie en el sector de discapacidad está en contra del control y que se den de baja a los casos que no corresponde, pero cuando se hace con fines de ajuste, de recortar, de esa manera tan grosera, ahí salta todo”. Y agregó: “No pueden ser 100.000 pensiones que sean truchas. Eso es una locura pensar eso”.
También recordó el episodio de la radiografía de un perro que el vocero Manuel Adorni mostró en una conferencia de prensa como supuesto informe médico. Según Passini, la pensión en cuestión había sido rechazada y los casos extremos se usan “para justificar el recorte”.
La preocupación: que se cumpla solo en parte
Pazzini no descartó que el Ejecutivo promulgue la ley y la cumpla parcialmente. “Me imagino que pueden cortar el hilo por lo más delgado”, advirtió, y señaló que su mayor preocupación es la cobertura de salud de los pensionados. También cuestionó la voluntad política del oficialismo: “Esperamos que tampoco, que no le dé la espalda a sus propios diputados y senadores que hicieron esta ley”.
Para el referente, la emergencia seguirá existiendo mientras el Gobierno no aplique políticas claras: “La emergencia en discapacidad no necesita que la diga una ley para que exista. Existe en el día a día de las personas con discapacidad, de las organizaciones, de las instituciones, existen las familias”.
Al cierre, resumió el reclamo del sector: que la ley salga y se cumpla. “Que no haya más trampas”.
