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Córdoba

Organizaciones de derechos humanos exigen que se investigue «a fondo» la muerte de Luciana Centeno, activista trans

18/09/2026 · Redactor R10
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Organizaciones de derechos humanos y de la comunidad de disidencias sexuales exigen que se investigue «a fondo» la muerte de Luciana Centeno, una activista trans que falleció en Jesús María. Reclaman que el fiscal Guillermo Monti disponga medidas para que la causa avance de forma «seria, imparcial y con perspectiva de género y diversidad, sin descartar ninguna hipótesis».

La mujer trans murió el 29 de agosto, tres días después de atravesar una violenta pelea en la vía pública. El hecho se viralizó en redes sociales y en algunos medios cordobeses, lo que generó una ola de comentarios discriminadores, burlas y expresiones de odio motivadas por su identidad de género.

Tras el episodio, Centeno fue trasladada por la Policía al Hospital Vicente Agüero, donde permaneció internada y sedada durante 72 horas, en calidad de detenida. Hasta que, en la madrugada del último sábado de agosto, fue hallada sin vida a pocas cuadras del centro de salud, sobre la Ruta Nacional 9.

Hasta el momento, la causa está caratulada como «muerte de etiología dudosa». Aunque trascendió rápidamente la hipótesis de un suicidio, la Justicia todavía no esclareció la situación. Allegados a Centeno manifestaron sus dudas al respecto: «Entendemos que no corresponde construir explicaciones apresuradas ni cerrar de antemano ninguna línea de investigación», señalaron en un comunicado.

En la última semana, distintas organizaciones conformaron la Mesa de Justicia por Luciana Centeno, que sostuvo que su muerte «no puede ser analizada por fuera del contexto social en el que transcurrió su vida». En ese sentido, remarcaron la situación de «extrema vulnerabilidad» que atravesaba la activista, atravesada por problemas de salud mental y consumos problemáticos.

Las organizaciones explicaron que la comunidad travesti-trans enfrenta múltiples formas de exclusión, entre ellas las dificultades para acceder a trabajo formal, vivienda digna y servicios de salud adecuados.

En su reclamo, solicitaron:

  • La reconstrucción completa de los hechos.
  • El registro del personal de seguridad y del hospital involucrado.
  • Detalles sobre las medidas que tomaron las instituciones públicas para «contener» a la mujer durante su detención en estado de alteración.

El objetivo, remarcaron, es determinar si «existieron acciones, omisiones o negligencias» por parte de las instituciones intervinientes. Las organizaciones insistieron en que «no hay una vida que valga menos» y llamaron a no naturalizar la violencia hacia la comunidad LGBTTTIQ+.

Luciana tenía 40 años y era una reconocida activista que defendía los derechos de las personas travestis y trans. Referente de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (Attta) en el norte cordobés, impulsó iniciativas como la Ley de Identidad de Género y el acceso al trabajo formal para la comunidad.

En 2019 llevó al Concejo Deliberante de Jesús María el reclamo por una política de cupo laboral trans, extendiendo esa discusión al ámbito regional. La comunidad LGBTIQ+ de la provincia la recuerda como una militante histórica, dedicada a mejorar las condiciones de vida de las personas travestis y trans.

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