Qué es Sea Lion, quiénes están detrás del petróleo en Malvinas y por qué Milei tardó en pronunciarse en contra
- El proyecto petrolero que avanza en aguas cercanas al archipiélago vuelve a poner en tensión la disputa de soberanía con Reino Unido. Detrás de la explotación hay dos compañías —una israelí y otra británica— El Gobierno, que hasta hace pocas semanas defendía el «carácter privado» de la iniciativa.
Sea Lion es un yacimiento petrolero offshore ubicado en la Cuenca Malvinas Norte, a unos 220 kilómetros de las islas, cuyo hallazgo fue anunciado por primera vez en 2010. Tras años de estudios, el proyecto pasó a fines de 2025 a una etapa concreta al completarse las evaluaciones técnicas, económicas y financieras necesarias para la Decisión Final de Inversión. El plan contempla un desembolso inicial cercano a los 1.800 millones de dólares hasta la primera producción, a los que se sumarían otros 2.100 millones de dólares para el resto del desarrollo, en una explotación proyectada para extenderse durante 30 años. Las compañías prevén alcanzar la primera producción a través de la plataforma flotante Aoka Mizu recién en 2028.
Quiénes están detrás del proyecto
Sea Lion está en manos de dos compañías extranjeras: la israelí Navitas Petroleum, que controla el 65% del proyecto, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35% restante. Navitas es una empresa relativamente joven —fue fundada en 2015 y comenzó a operar en 2017—, cotiza en la Bolsa de Tel Aviv y su portafolio se concentra principalmente en activos de Estados Unidos, con sede operativa en Houston. Rockhopper, en cambio, es una compañía pequeña con base en Reino Unido, fundada en 2004 con el objetivo específico de explorar hidrocarburos en las islas, y Sea Lion constituye prácticamente la totalidad de su negocio.
Ninguna de las dos empresas mantiene en la actualidad operaciones habilitadas dentro del territorio continental argentino: ambas fueron declaradas «clandestinas» por la Secretaría de Energía y sancionadas con una inhabilitación de 20 años para operar en el país —Rockhopper en 2013 y Navitas en 2022— por explorar y explotar hidrocarburos en la plataforma continental sin autorización, en violación de la Ley de Hidrocarburos N° 26.659. Distinto es el caso de Harbour Energy, la compañía que hasta 2021 integraba el consorcio de Sea Lion y luego vendió su participación a Navitas: esa firma sí mantiene negocios activos en la Argentina, con concesiones en Vaca Muerta junto a TotalEnergies y Pan American Energy, un antecedente que en su momento generó preocupación en el Gobierno argentino por la doble exposición de una misma compañía en ambos frentes.
Por qué Milei tardó en pronunciarse con firmeza
Aunque la Cancillería viene rechazando el proyecto desde hace años, el propio Milei había evitado hasta hace pocas semanas confrontar directamente con la explotación. En agosto, consultado por el avance de Sea Lion, el Presidente había defendido el carácter privado de la iniciativa: «Somos aliados de Estados Unidos e Israel, pero esa es una empresa privada. En un país serio no se hace injerencia en el sector privado», sostuvo entonces, en una respuesta que coincidía casi textualmente con la que había dado meses antes la propia Cancillería israelí.
Esa cautela respondía a un equilibrio geopolítico que el Gobierno buscaba sostener: Estados Unidos e Israel son dos de los socios internacionales centrales de la actual gestión, y Navitas —controlante del 65% del proyecto— es justamente una empresa israelí. Pronunciarse con dureza contra Sea Lion implicaba, en los hechos, chocar con intereses privados de un país aliado. Recién cuando Donald Trump deslizó la posibilidad de revisar la histórica neutralidad de Estados Unidos sobre la disputa de soberanía, el tablero diplomático se movió lo suficiente como para que Milei diera un giro y convocara la cadena nacional en la que anunció el endurecimiento de sanciones contra las compañías vinculadas a la explotación y la creación de una base naval en Tierra del Fuego.
