• Mediante el Decreto 478/2026, el Ejecutivo nacional habilitó al Ministerio de Economía a tomar préstamos internacionales por hasta 5.000 millones de dólares. La medida, que busca reducir costos de financiamiento, incluye una polémica cláusula de prórroga de jurisdicción que permitirá a los acreedores demandar al Estado argentino en tribunales de Nueva York.

En un movimiento estratégico para fortalecer las arcas del Tesoro, el Gobierno de Javier Milei oficializó una herramienta de financiamiento masivo. La resolución, que lleva las firmas del Presidente, el jefe de Gabinete y el ministro de Economía, faculta a las Secretarías de Hacienda y Finanzas a concertar operaciones de crédito con organismos multilaterales como el FMI, el Banco Mundial y el BID, bajo condiciones de mercado internacional.

El punto más sensible de la normativa es la renuncia a la inmunidad de jurisdicción. Al aceptar que las controversias legales puedan resolverse en tribunales estaduales o federales de Nueva York, el Gobierno garantiza mayor seguridad jurídica a los prestamistas, un estándar habitual en las altas finanzas pero que ha despertado críticas por lo que algunos sectores definen como una resignación de soberanía judicial.

Alcances y protecciones del decreto ante posibles litigios

Aunque la normativa otorga una amplia libertad al Palacio de Hacienda para gestionar los plazos, métodos y monedas de estos préstamos —sin necesidad de pasar por el Congreso para cada operación específica—, el texto oficial establece límites claros para proteger los activos estratégicos de la Nación.

El Gobierno se ha asegurado de blindar bienes considerados fundamentales, dejando fuera de cualquier posibilidad de embargo a las reservas del Banco Central (BCRA), bienes de dominio público en territorio argentino, activos diplomáticos, infraestructura de servicios públicos esenciales y el patrimonio cultural del país, entre otros. Con este esquema, el Ejecutivo busca equilibrar la necesidad urgente de financiamiento externo a tasas competitivas con la protección de los pilares de la soberanía nacional ante futuros escenarios de conflicto judicial.