• Dos presentaciones en los tribunales apuntan contra la legisladora por omitir deudas y propiedades en su declaración jurada, y por el supuesto uso de contratos públicos para pagar a su abogado.

La diputada nacional por La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, quedó en el centro de la polémica tras recibir dos denuncias judiciales que cuestionan la transparencia de su patrimonio y el uso de los recursos del Estado. La primera de las presentaciones apunta directamente contra la declaración jurada que la legisladora presentó en octubre de 2024, correspondiente al ejercicio fiscal del año anterior. En dicho documento oficial, Lemoine informó llamativamente que no poseía bienes, deudas ni gastos personales a su nombre.

Sin embargo, la denuncia penal sostiene que los datos declarados por la diputada libertaria se contradicen abiertamente con los registros públicos de los organismos financieros. De acuerdo con los informes del Banco Central de la República Argentina (BCRA), la funcionaria registraba deudas bancarias superiores a los $500 mil al cierre del período fiscal 2023. Además, los denunciantes señalan que Lemoine habría omitido declarar una vivienda que recibió como herencia tras el fallecimiento de su madre.

Investigarán el presunto desvío de fondos para honorarios privados

El frente judicial para la legisladora oficialista se complicó aún más con una segunda denuncia que surgió a raíz de sus propias declaraciones públicas. La presentación se realizó luego de que la propia Lemoine admitiera en una entrevista que los honorarios profesionales de su abogado particular eran cubiertos mediante un contrato de asesor en la Cámara de Diputados de la Nación, lo que encendió las alarmas sobre un posible delito contra la administración pública.

A estas acusaciones se le suma un severo incumplimiento administrativo dentro del Congreso. Según consta en los registros de la Oficina Anticorrupción, la diputada nunca cumplió con la presentación de la declaración jurada inicial, un requisito obligatorio que exige la ley para todos los funcionarios públicos al momento de asumir formalmente sus bancas en el Poder Legislativo.

Ahora, la Justicia deberá determinar si existió una omisión maliciosa de datos patrimoniales y si la legisladora incurrió en el delito de malversación de caudales públicos al desviar fondos del presupuesto legislativo para beneficio personal. El caso promete generar fuertes repercusiones políticas dentro del bloque oficialista, que mantiene una bandera discursiva estricta en torno a la transparencia institucional y el combate contra los privilegios de la política.