Brenda Austin impulsa un proyecto para congelar por dos años los contratos precarios en el Estado cordobés
- La legisladora de la UCR advirtió que más del 20% de la administración pública provincial se encuentra bajo modalidades transitorias y apuntó contra el uso del empleo público como «botín de guerra» electoral.
La polémica en torno a las designaciones en la administración pública de Córdoba sumó un nuevo capítulo legislativo. Brenda Austin junto a su bloque de la Unión Cívica Radical (UCR), en sintonía con reclamos gremiales, presentó un proyecto de ley para suspender por un plazo de dos años los ingresos bajo modalidades de contratación transitorias, tales como locaciones de servicio, de obra, pasantías y becas.
En diálogo con Radio 10 Córdoba, la legisladora Austin detalló el trasfondo de una iniciativa que busca transparentar el acceso al Estado. «Hoy vemos que al menos uno de cada cuatro empleados estatales se encuentra bajo alguna modalidad precaria. Si despejamos el área docente, estamos hablando de más del 20% de la planta general, un número que crece drásticamente en las agencias descentralizadas», alertó la referente radical.
Según la edil, estas figuras contractuales terminan siendo «desvirtuadas» y utilizadas como favores políticos o herramientas de extorsión partidaria, salteándose los concursos públicos de oposición y antecedentes que exige la ley. «Buscamos evitar que el próximo año electoral se convierta en un festín de cargos públicos donde el Estado termine siendo un botín de guerra«, disparó.
El impacto en la Caja de Jubilaciones y el «desfinanciamiento» estatal
Más allá de la transparencia administrativa, el proyecto apunta directamente a la crisis financiera que atraviesa la Caja de Jubilaciones de la Provincia. Desde la oposición sostienen que estas contrataciones informales permiten al Estado eludir el pago de aportes patronales, convirtiéndose en el «primer incumplidor» previsional.
Austin fue categórica al cuestionar la gestión del gobernador Martín Llaryora respecto al sistema jubilatorio:
- Falta de aportes: Las figuras como el monotributo o las becas ahorran costos inmediatos al Ejecutivo pero ahogan el financiamiento sostenido de la Caja.
- Aumentos no remunerativos: La legisladora criticó que los últimos acuerdos salariales (como el docente) no sumen al básico, perjudicando el haber de los pasivos.
- Cálculo de intereses interno: Denunció que la actual gestión comenzó a cobrarle intereses financieros «ficticios» a la Caja por los fondos adelantados por la provincia, una medida que agiganta el déficit para justificar los recortes y el diferimiento en los haberes.
«Si se despejan las maniobras políticas y contables, los números demuestran que la Caja no está tan fundida como quieren hacer creer. Lo que falta es voluntad para frenar una bola de nieve precarizadora que debilita las instituciones de Córdoba», concluyó la legisladora, anticipando un duro debate en las comisiones de la Legislatura.
